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Alicante es una de las provincias Españolas con menos ascensores instalados en sus viviendas. El 70% de los edificios carecen de elevador en esa provincia. Es por ello que la administración se propuso cambiar esa situación dando subvenciones a aquellas comunidades de vecinos que decidieran apostar por poner un ascensor en sus edificios. Una apuesta que en este caso salió mal.

Lo que iba a ser un tramite para conseguir que los vecinos, en su mayoría ancianos con escasos recursos económicos, pudieran bajar a la calle cuando quisieran sin tener que depender de que algún familiar les ayudara o, sencillamente, pudieran ir a hacer la compra y no dejarse la espalda subiendo las escaleras, se acabó convirtiendo en un auténtico infierno.

El trámite para solicitar la ayuda del ascensor les llevo meses de papeleo, arquitectos, técnicos y burocracia típica de la administración pública. Algo que no es fácil de administrar ni para un abogado en ejercicio, imagínense para un grupo de jubilados de clase trabajadora. Para conceder esta ayuda, la administración valora la ubicación y la edad de los habitantes, teóricamente, cuanto mayores, más pobres y en barrios más humildes estén, más fácil para ellos será lograr la subvención, pero el papeleo resulta tan inaccesible para personas con esas características que los pobres ancianos entran en un bucle de documentos del que no encuentran una salida.    Afortunadamente, esta comunidad en concreto contó con la ayuda de un agogado, yerno de una vecina, que desinteresadamente actuó como presidente de la escalera, llevando a cabo todo el periplo burocrático. Juan, que así se llama el abogado, consiguió que en Diciembre de 2010, la Consellería de Vivienda de la Generalitat Valenciana, les concediera una subvención para rehabilitar su edificio, instalar un ascensor y mejorar la accesibilidad al zaguán, ya que unas escaleras imposibilitaban el acceso.

Al tener el ok de la Generalitat a la subvención, la comunidad se puso de inmediato a realizar las obras. Probablemente también porque alguna gran empresa del ascensor les metería prisa para ello. El problema vino cuando la cantidad que recibieron de la administración no se correspondía con el importe que les habían concedido oficialmente.  Así que tuvieron que presentar un recurso.

Han transcurrido 10 meses desde la presentación del recurso y el abogado aún no tiene noticias de la administración. El propio Juan intentó contactar con la consellería y su sorpresa fue que le dijeron que la persona que llevaba su expediente estaba de baja por Covid-19. ¿Lleva 10 meses de baja por Covid? ¿No han podido derivar el caso a otro compañero?.

La comunidad no tiene dinero para afrontar los gastos derivados de las obras de rehabilitación y de construcción del ascensor. Y jamás se hubieran embarcado en un gasto así de no ser por la presunta subvención que iban a recibir. Para  Juan, la opacidad del sistema burocrático hace que estas ayudas sean «engañosas» ya que están destinadas a una población vulnerable, incapaz económicamente de tener un ascensor en sus escaleras.